La Defensoría del Pueblo manifestó su firme rechazo frente al anuncio de paro armado realizado por el frente Carolina Ramírez del Estado Mayor Central (EMC), que pretende imponer restricciones a la movilidad entre el 9 y el 30 de diciembre en los departamentos de Caquetá y Putumayo.

La entidad recordó que ningún grupo armado puede limitar las libertades de la población civil ni arrogarse facultades que solo corresponden al Estado. Señaló que este tipo de intimidaciones afectan derechos fundamentales, fortalecen el clima de temor en las comunidades y constituyen graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario.

Ante esta situación, la Defensoría activó sus mecanismos de alerta y monitoreo para acompañar a las comunidades en riesgo, con el fin de identificar posibles afectaciones

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