El proyecto de modernización laboral que el Gobierno Nacional envió al Congreso incluyó un sorpresivo agregado de último momento que tendrá un fuerte impacto político y judicial. Se trata del artículo 91, que no figuraba en la versión oficial difundida previamente, y que apunta directamente contra la Justicia Nacional del Trabajo.

El artículo determina que la Justicia Nacional del Trabajo "mantendrá su vigencia hasta tanto se instrumente el acuerdo de transferencia de competencias de la Justicia Nacional del Trabajo entre la Nación y el Gobierno de CABA". Una vez formalizado, se dispondrán los actos necesarios para su "progresiva disolución".

Esta decisión se convirtió en una señal de que el gobierno de Javier Milei está dispuesto a acelerar el traspaso de los juzgados laborales a la Ciu

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