J.J. Guillén | EFE

12 dic 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

La sentencia 1000/2025 del Tribunal Supremo marca un punto de inflexión en la comprensión de la responsabilidad institucional en España. El tribunal declara probado que el fiscal general del Estado divulgó datos reservados obtenidos exclusivamente por razón de su cargo, afectando de forma directa a derechos esenciales del investigado. El caso González Amador deja así de ser una polémica mediática para situarse en el centro del debate jurídico sobre los límites del poder público.

El Supremo considera acreditado que el correo remitido por la defensa del señor González Amador el 2 de febrero del 2024, en el que se planteaba una posible conformidad penal, fue reenviado al fiscal general y posteriormente comunicado a un periodi

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