La aprobación esta semana del nuevo paquete europeo de asilo y migración consolida un cambio profundo en la forma en que la Unión aborda uno de sus debates más divisivos. El acuerdo, que incorpora la posibilidad de establecer centros en terceros países —como el modelo ya pactado por Meloni con Albania—, supone un giro estratégico con el que Bruselas aspira a reducir la presión interior y enviar una señal de control político. Sin embargo, este movimiento llega acompañado de una fractura notable: España se ha quedado prácticamente sola en su oposición a medidas que considera contrarias al espíritu europeo de protección y garantías. El pacto nace así blindado jurídicamente, pero debilitado moralmente, en medio de críticas de ONG y juristas que alertan sobre un riesgo real de erosión de derech

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