El presidente de EEUU avanza en su presión hacia el Gobierno de Nicolás Maduro con el apresamiento de un petrolero y la amenaza recuerrente de que "pronto" comenzarán los ataques en tierra tras casi 90 ejecuciones extrajudiciales en el mar y el cierre del espacio aéreo
Claves - Qué se sabe del petrolero capturado por EEUU en Venezuela
Por tierra, mar y aire. Con el espacio aéreo cerrado por decreto de Donald Trump, incomunicado con el exterior, con las relaciones comerciales intervenidas hasta el punto de apresar un petrolero cargado frente a las costas de Venezuela, y con la amenaza recurrente de operaciones terrestres después de casi 90 asesinatos extrajudiciales en el Caribe y el Pacífico Oriental.
La presión de Donald Trump contra Venezuela y el Gobierno de Nicolás Maduro no deja de crecer cada semana que pasa. Y una muestra de su presencia en el país ha sido la ayuda prestada para que la líder de la oposición, María Corina Machado, saliera de Venezuela por las mismas aguas en las que se han producido 22 ataques contra civiles desde el 2 de septiembre y llegara a Noruega a recoger el premio Nobel de la Paz y expresar, de nuevo, sus simpatías por un hipotético derrocamiento de Maduro por la fuerza de EEUU.
“En el contexto geopolítico actual, y entendiendo la necesidad política que tiene Donald Trump de mostrar victorias para aumentar su aprobación entre votantes estadounidenses y consolidar apoyo en la fracción más radical del Partido Republicano, la presión sobre Venezuela adquiere un matiz claramente instrumental. A esto se suma el interés de figuras como Marco Rubio por fortalecer su perfil político con resultados visibles”, explican fuentes diplomáticas, que añaden: “Paralelamente, potencias como Rusia (por Ucrania y su influencia en Europa) y China (por Taiwán y su proyección global) buscan expandir su espacio geopolítico, lo que limita un alineamiento pleno con cualquier aventura contra militar estadounidense. Aun así, las acciones de Washington muestran que no descarta escenarios de mayor fuerza: el expediente histórico de intervenciones militares de EEUU es amplio, y aunque hoy un despliegue a gran escala no sea el camino más probable, la posibilidad de una acción militar —limitada, focalizada o encubierta— sigue siendo real”.
“Se trata de muchas cosas”, ha dicho más tarde Donald Trump en el Despacho Oval, “pero una de ellas es el hecho de que han permitido que millones [cifra indeterminada que no dice de dónde sale] de personas entren en nuestro país procedentes de sus cárceles, de bandas, del mundo del narcotráfico y de instituciones psiquiátricas, probablemente en proporción mayor que nadie. Nos han tratado mal. Y supongo que ahora nosotros no los estamos tratando tan bien. Y vamos a empezar también en tierra. Vamos a empezar en tierra muy pronto”.
Tanto la incautación del petrolero con todo el crudo que llevaba dentro como el bloqueo hace unos días a que un barco ruso entrara en aguas venezolanas y el cierre del espacio aéreo son medidas que tienen poco que ver con la supuesta lucha contra el “narcoterrorismo” y mucho más con asfixiar poco a poco a Nicolás Maduro, cuya presidencia considera “ilegítima” Donald Trump y cuyos días “están contados”, según ha dicho en más de una ocasión el presidente de EEUU.
Este jueves, Trump volvía a decir que “más cosas van a suceder” y que “los ataques por tierra van a empezar pronto”. Ni el presidente de EEUU ni su equipo dan pistas de en qué se traducirá eso, pero varios medios han publicado listas de posibles objetivos diseñadas por el Ejército de EEUU.
Y todo esto se produce en un contexto en el que no hay apenas presión internacional contra los asesinatos extrajudiciales y la presión militar y política de EEUU sobre Venezuela. “Tras múltiples treguas fallidas, misiones diplomáticas y la fragmentación de la oposición —donde la figura más radical ha ganado visibilidad—, la presión internacional tiende a intensificarse más con el recién galardón de María Corina Machado dándole fuerza a su discurso”, analiza una fuente diplomática: “Las acciones recientes (captura de embarcaciones, sanciones más duras, advertencias públicas) muestran que EEUU ya ha movido sus primeras piezas”. “Si la escalada continúa con el mismo ritmo, hacia finales de este año podríamos tener una señal concreta del rumbo definitivo: un endurecimiento mayor que abra la puerta a acciones no convencionales, o una negociación forzada si Caracas decide ceder espacio. En resumen: la amenaza de mayor coerción es tangible y dependerá de la capacidad del Gobierno chavista para maniobrar diplomáticamente, asegurar apoyos internacionales y mantener cohesión interna. Las justificaciones públicas (drogas, terrorismo, derechos humanos) se entrelazan con intereses geoeconómicos, y eso garantiza que la presión no solo continuará, sino que probablemente aumentará. Creo que la escalada continuará, Maduro resistirá y si la sed de victoria de Trump y Rubio continúa habrá un carnaval rojo rojito... no hablo de los colores de la revolución, sino del desenlace menos deseado por todos, en especial los venezolanos”.
La mirada de la Administración Trump a lo que la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, describió este jueves como “patio trasero”, emana de la celebrada doctrina Monroe (1823) por parte de Trump, y que se verbaliza en plena operación de presión contra el Gobierno de Maduro, cuyo derrocamiento persigue el presidente de EEUU.
Articulada por el presidente de EEUU James Monroe, declaraba el continente americano como esfera de interés de Estados Unidos. En este sentido, el documento de seguridad nacional de la Administración Trump promete “afirmar y hacer cumplir” un “corolario Trump” de la doctrina Monroe, que implica que EEUU “reclute” a países que quieran ayudar a salvaguardar los intereses nacionales estadounidenses.
Presión del Congreso al Pentágono
Los ataques contra supuestas 'narcolanchas' que arrancaron el 2 de septiembre en aguas del Caribe y el Pacífico Oriental, y tres meses después empiezan a hacer mella en la Administración Trump. Así, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, se encuentra sometido a presión del Senado y la Cámara de Representantes por haber ordenado rematar a dos supervivientes en el primer hundimiento, que terminó con 11 asesinatos extrajudiciales.
Tanto republicanos como demócratas en el Congreso han abierto investigaciones ante lo que podría constituir un crimen de guerra por la ejecución de personas a la deriva.
Un ataque posterior a finales de septiembre ha llevado a la familia de un colombiano a presentar una denuncia formal ante el principal organismo de vigilancia de los derechos humanos en el continente americano. La petición de la familia de Alejandro Carranza afirma que el ejército bombardeó su barco pesquero el 15 de septiembre, violando las convenciones de derechos humanos.
La Cámara de Representantes estuvo casi dos meses sin actividad porque los republicanos no querían presión política durante el cierre del Gobierno. Pero una vez superado, se acumulan las resoluciones registradas para evitar un ataque a Venezuela que viene telegrafiando Donald Trump desde septiembre.
La última, registrada, el martes de la semana pasada, dice lo siguiente: “El Congreso ordena al presidente que retire a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos de las hostilidades dentro de Venezuela o contra este país, a menos que se autorice explícitamente mediante una declaración de guerra o una autorización legal específica para el uso de la fuerza militar”. La resolución ha sido impulsada por el representante demócrata por Massachusetts James McGovern, y apoyada por el republicano por Kentucky Thomas Massie.
Y el miércoles pasado, los demócratas del Senado, junto con el senador Rand Paul (republicano por Kentucky), han presentado otra resolución sobre los poderes de guerra para impedir que la Casa Blanca utilice las fuerzas armadas en hostilidades con Venezuela sin la aprobación del Congreso.
La resolución, presentada por Paul y los senadores Tim Kaine (demócrata por Virginia), Adam Schiff (demócrata por California) y el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer (demócrata por Nueva York), ordena a Trump que deje de utilizar el ejército “a menos que esté específicamente autorizado por una declaración de guerra o una autorización específica para el uso de la fuerza militar”.

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