La reciente aprobación de la Ley General de Aguas contiene disposiciones que, desde la óptica del diputado federal Jericó Abramo Masso, concentran decisiones que podrían tener efectos directos para campesinos y pequeños productores, particularmente en regiones agrícolas como La Laguna, Baja California y Chihuahua, donde el acceso al agua es clave para la subsistencia.

Comentó que, aunque durante la discusión legislativa se hicieron ajustes a la reforma, se mantuvieron reservas que permitirían que un consejo integrado por funcionarios federales determine qué concesiones de agua se mantienen activas y cuáles no, lo que —dijo— traslada decisiones que antes tenían los usuarios del campo a instancias administrativas.

“Al final del día, será el Gobierno quien decida qué concesión se reacti

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