La senadora Isabel Cristina Zuleta y su círculo cercano están interfiriendo en las operaciones e investigaciones que adelanta la fuerza pública contra estructuras criminales vinculadas al narcotráfico, la minería ilegal y los homicidios, según altos mandos de la Policía y las Fuerzas Militares que conversaron con SEMANA en las últimas dos semanas. Las presiones ya fueron expuestas ante el Ministerio de Defensa, la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía.

Ocho generales de la república –cinco en servicio activo y tres en retiro–, tanto del Ejército como de la Policía, aseguraron a este medio haber recibido llamadas telefónicas de Zuleta, así como de sus familiares y asesores. En dichas comunicaciones, según relataron, se les habría solicitado frenar combates y procedimientos dirigidos contra personas presuntamente vinculadas en Antioquia con las disidencias de las Farc, comandadas por alias Calarcá, y con organizaciones delincuenciales que operan en Medellín y en municipios del Valle de Aburrá.

“Es feo decirlo, pero estábamos doblegados porque está en juego la carrera de uno, mi cabeza puede rodar”, reconoció uno de los comandantes que operó en ese departamento y que atendió las solicitudes de la senadora por temor a que fuera llamado a calificar servicios, dado que tenía presente la influencia que ella ejercía sobre las decisiones del presidente Gustavo Petro y el entonces ministro de Defensa, Iván Velásquez, en materia de ascensos.

El 17 de julio de 2023 ocurrió uno de los episodios más escandalosos. Mientras ocho oficiales y suboficiales monitoreaban un combate que sostenían las Fuerzas Militares con los frentes 18 y 36 de las disidencias de las Farc en el municipio de Ituango, la tierra de la congresista, ella se comunicó con uno de ellos: “Pidió, prácticamente, que paráramos el combate porque las tropas estaban atacando, supuestamente, a mineros. Claro, mineros que estaban uniformados, armados y con menores de edad en sus filas”, comentó bajo reserva uno de los oficiales. Cinco de los uniformados presentes corroboraron esta versión a SEMANA: “La intención de ella era parar el combate”.

Ese mismo día, uno de los integrantes de la Unidad de Trabajo Legislativo de Zuleta, identificado como Johan Edisson Giraldo, contactó vía WhatsApp a uno de los generales que seguía la confrontación armada para ampliarle la información de su jefe: “Los mineros que se encuentran en medio del enfrentamiento se llaman Saúl Valencia, Tobías Valencia y Marcela. Nos indican que son a ellos los que están persiguiendo y disparando. (…). Por favor, general, no cometan una equivocación con estas tres personas. ¿Cómo les ayudamos para que esto no pase?”.

Eran las 7:30 de la noche, caía un torrencial aguacero sobre Ituango y las personas que lanzaban balas a los militares portaban prendas de la guerrilla, según el reporte que dio el Ejército en su momento. Dos soldados murieron, un cabecilla de las disidencias de las Fa rc fue dado de baja y tres adolescentes, sorprendidas con pistolas en su poder, fueron rescatadas y puestas a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

La intervención del asesor de la senadora Zuleta no era un asunto desconocido para los altos mandos de las Fuerzas Militares. Semanas antes, el 29 de junio de 2023, a través de WhatsApp, Giraldo también cuestionó a un general al que le aportó datos sobre la incursión del Clan del Golfo en el municipio de Briceño, cuna de los frentes 18 y 36 de las disidencias de las Farc en Antioquia: “ No puede ser que, cada que compartimos información valiosa sobre el territorio, la respuesta sea solicitar que se ponga la denuncia (…). Este Gobierno está luchando por reconstruir confianzas entre las comunidades y la fuerza pública, pero si la respuesta siempre va a ser ‘que se ponga una denuncia en Fiscalía para actuar’, esto nunca va a ser posible”.

Lina Zuleta, quien se presentó ante el mando del Ejército en Antioquia como hermana de la congresista, el 22 de noviembre de 2023 también reclamó vía WhatsApp por las decisiones que estaban tomando las tropas en Briceño, cuando los herederos de alias Otoniel amenazaron con desterrar a las disidencias de Calarcá.

Un general le contó a SEMANA: “Escribió la hermana de Isabel Cristina Zuleta: ‘Ay, general, por qué la tropa no ha llegado’. Ellos (en referencia a Zuleta y a su familia) solo ven al Clan del Golfo, nunca ven a las Farc ni al ELN”.

La senadora del Pacto Histórico, según las versiones en poder de este medio, también cuestionó y pidió consideración en la Policía por las investigaciones y operativos que realizaban los uniformados contra la minería ilegal en las subregiones del nordeste y Bajo Cauca antioqueño, cuyas actividades criminales son disputadas por el Clan del Golfo, las disidencias de las Farc y el ELN: “Siempre fue una posición en contra de los procedimientos de la minería. Ella siempre defiende a la minería en todas sus aristas”, comentó un alto mando de la institución. Aparentemente, su defensa era para mineros tradicionales, pero los investigadores tenían pruebas de sus vínculos con organizaciones criminales.

¿Desconocimiento de los procedimientos?

Un general activo de la Policía describió los momentos de tensión con Zuleta en los últimos meses: “En una reunión habló de la inconformidad minera. Después de un operativo que se hizo en Amalfi (Antioquia), donde se incautaron dragas, una operación grandísima, se fue contra eso. Manifestaba que la Policía tenía desconocimiento de los procedimientos”.

En esas citas, también habría levantado su voz de protesta porque se denunciaron maniobras ilegales de las disidencias de las Farc. El mismo general así lo describió: “Hubo una reunión después de un procedimiento. Ella se disgustó muchísimo porque vinculamos al 36 (estructura de las disidencias de las Farc) en el caso. Ella dijo: ‘¿Cómo así que el 36?’. Pero es lo que dice la investigación. Ella se indispuso muchísimo” .

Ante el mando institucional en Bogotá, la senadora habría reprochado la mayoría de los procedimientos que lideró el general Rosemberg Noboa, actual subdirector de la Policía, cuando estaba a cargo de la regional n.o 6 (Antioquia, Córdoba y Chocó), y quien, además, lideró la operación Agamenón, con la que se pretendió debilitar las filas del Clan del Golfo y desestabilizar a sus cabecillas.

Precisamente, el general Noboa fue delegado para recibir los reclamos de Zuleta cuando pasó al nivel central. La relación con ella fue crítica, según un alto oficial que fue testigo: “Fue muy fuerte porque le exigía las actas de las reuniones. Decía que Noboa trabajaba con la Alcaldía de Medellín.

La posición de ella fue muy fuerte, específicamente en contra de Medellín, en contra del subdirector y en contra de la minería. ¿Por qué estaba en contra del subdirector? Eso sí lo debe saber ella. Porque el subdirector trabajó allá, él lideró la operación Agamenón”.

Con base en los testimonios de los generales, la senadora la emprendió contra el brigadier William Castaño, actual comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, por trabajar de la mano con la administración de Federico Gutiérrez. Una de las personas que recibió los reclamos de Zuleta lo manifestó de la siguiente manera: “Criticaba porque trabajaba con la Alcaldía, cuando, por lógica, un comandante debe trabajar de forma articulada con la Alcaldía”.

Supuestamente, ella buscó a los superiores de Castaño en Bogotá para alertarlos de montajes que estarían haciendo en Medellín contra las estructuras criminales con las que el presidente Petro negocia la paz total, que terminarían en capturas y persecución judicial. Como se recordará, la senadora Zuleta funge como coordinadora de ese espacio de diálogos que se desarrolla en la cárcel La Paz de Itagüí, y con los que el presidente Gustavo Petro busca superar la violencia en la capital de Antioquia.

En el caso específico, “llamó al orden” a la institución cuando se materializó un golpe de gran envergadura en el Valle de Aburrá contra la Oficina de Envigado, en el primer semestre de este año, según un oficial activo: “Ella culpó a la Policía de Medellín de la operación, pero era una operación que lideraba la Fiscalía. Tampoco fue muy bien recibida. Eso molestó. Pero la operación se hizo. Además, es una obligación en el marco de una investigación”.

De igual manera, ese reclamo fue revelado en un oficio de una autoridad local que llegó a la Corte Suprema de Justicia y a la Fiscalía General de la Nación este año, y que conoció SEMANA. Citando a un testigo, allí se afirma: “En la misma línea, manifiesta que tiene conocimiento, según fuentes que así se lo hicieron saber, que en el marco del proceso operativo contra alias Yordi y La Terraza, la congresista buscó a altos miembros de la (Policía) manifestando preocupación por dichos operativos porque le afectaría la mesa de diálogo de la cárcel de Itagüí” . Un general activo confirmó la veracidad de esas comunicaciones, que se habrían dado antes de materializar las diligencias judiciales.

Pero no solo eso. La senadora Zuleta ha pasado por varios batallones exigiendo cuentas por los operativos militares, según un general del Ejército. Angustiados por las complicaciones de limitarle el acceso a la información, los oficiales no han tenido otra opción que destapar sus cartas sobre cómo se enfrenta la criminalidad en Antioquia. Aparentemente, su versión es que no se atacaría lo suficiente al Clan del Golfo y sí a las disidencias de las Farc. “Asustado uno de que lo fueran a relevar o alguna cosa así, se le contaban las cosas”, describió la misma fuente.

Para el presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares, general (r) Guillermo León León, las intromisiones de la senadora del Pacto Histórico no pueden ser aceptadas por los comandantes: “Que una persona que esté al frente de una negociación llame directamente a los generales para decir que no haya dinámicas no me parece correcto. Si no hay con ellos un acuerdo formal (cese al fuego), pues quiere decir que la fuerza pública no tiene ninguna restricción para operar y continuar operaciones ofensivas en contra de grupos al margen de la ley”. En los casos denunciados, justamente, los militares y policías ponen de presente que no había ningún cese de hostilidades.

Frente a todo este escenario, SEMANA conoció que el Ministerio de Defensa fue alertado por integrantes de la cúpula militar para que brinde un acompañamiento ante los constantes reclamos de la senadora Zuleta. En las Fuerzas hay un profundo malestar por sus intromisiones frente a las operaciones en Antioquia. Ella se convirtió, según los testimonios, en una piedra en el zapato para la fuerza pública, pues la recordación constante de su título de “congresista” y la cercanía que alardea tener con el presidente Petro están atormentando a los oficiales, que tienen como función constitucional proteger a los colombianos.

SEMANA contactó a la senadora Zuleta para escuchar sus respuestas y, al cierre de esta edición, no contestó ni las llamadas telefónicas ni los mensajes enviados.

La senadora Zuleta no puede pretender usurpar la labor de las autoridades ni mucho menos frenar la acción contra el crimen en un país con grandes desafíos en seguridad como Colombia.