En el nordeste y el Bajo Cauca antioqueño delinquía una red dedicada a la extracción ilegal de oro, que además pagaba a funcionarios y grupos armados para facilitar sus actividades. Solo en vienes vinculados a la organización, según la Fiscalía, se calcula un valor superior a 373.000 millones de pesos.

Cinco de los presuntos articuladores de esta estructura fueron capturados y judicializados. Entre ellos está María Consuelo Jiménez Salazar, señalada como encargada de administrar el dinero producto de la actividad ilícita y coordinar la obtención y venta de oro.

También fueron presentados ante un juez Yurley Orrego Trujillo y Luciano Antonio Arbeláez Ochoa, identificados como presuntos administradores de varios frentes de explotación ilegal.

Jhon Wilmar Cabrera Gonzáles tendría a su carg

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