La Defensoría del Pueblo advirtió que la población civil no puede ser sometida a restricciones colectivas ni a formas de control impuestas por actores armados, tras el anuncio del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de un “paro armado” de 72 horas en los territorios donde tiene presencia.

Según la entidad, este tipo de intimidaciones, que según esa organización iniciará mañana y se extenderá hasta el próximo miércoles, implica amenazas y coerción que derivan en bloqueos de facto y limitaciones a la vida cotidiana, con riesgo directo sobre el acceso a alimentos, salud, educación y otros bienes esenciales, especialmente en zonas históricamente afectadas por el conflicto.

“La población civil no puede ser instrumentalizada, ni sometida al miedo como método de presión o dominación”, señaló

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