ERP. Tal como se anticipaba, el Tribunal Constitucional resolvió a favor de la demanda competencial presentada por el Poder Ejecutivo contra el Poder Judicial y el Ministerio Público, ordenando que se suspendan las investigaciones penales contra la presidenta Dina Boluarte Zegarra hasta el final de su mandato en 2026. Las pesquisas podrán reanudarse solo si el nuevo Congreso de la República lo autoriza, a través de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

El máximo intérprete de la Constitución sostuvo que el artículo 117 de la Carta Magna establece de manera taxativa las causales por las que puede ser acusado un presidente en funciones. Esta interpretación, según el fallo, no fue considerada en el caso de Pedro Castillo Terrones, quien fue destituido tras intentar un golpe de Esta

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