La Sala A del Superior Tribunal de Justicia de La Pampa ratificó la validez de la Ley 2222 y sus prórrogas, que suspenden los desalojos de inmuebles rurales ocupados por familias, habitantes o descendientes de pueblos originarios en el oeste de la provincia.

El caso llegó al Tribunal luego de que la Corte Suprema de Justicia ordenara el dictado de un nuevo pronunciamiento en los autos . “Recurso de hecho deducido por la actora en la causa Valle, Oscar Celestino c/Suarez, Pascuala y otros s/sumarísimo”.

En este escenario, el STJ pampeano afirmó que la ley provincial persigue un fin constitucionalmente válido, que es la tutela de los habitantes del oeste pampeano, hasta que se adopten soluciones estructurales sobre la tenencia de la tierra.

“(…) los demandados se encuentran amparados por

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