Una reciente resolución firmada por Raúl Humberto González, delegado contra la criminalidad organizada, ha generado preocupación en la Fiscalía General de la Nación. La Resolución 0101, emitida el 13 de junio, ha encendido las alarmas sobre el riesgo de impunidad en casos de gran relevancia nacional. Funcionarios de la entidad han expresado su inquietud, señalando que esta medida podría ser utilizada para "engavetar" procesos complejos que involucran a altos funcionarios del gobierno de Gustavo Petro.

Entre los casos afectados se encuentran investigaciones contra figuras prominentes como Laura Sarabia, próxima embajadora en el Reino Unido; Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol; y Armando Benedetti, ministro del Interior. Estos expedientes han sido objeto de atención mediática durante los últimos tres años, pero ahora podrían ser redistribuidos, lo que podría retrasar su avance.

El correo enviado a los fiscales, bajo el asunto "Alistamiento de carpetas por reorganización y redistribución de carga", advierte sobre la redistribución automática y aleatoria de los procesos en cada despacho. Esto se enmarca dentro del "Direccionamiento Estratégico 2024-2028 'Experiencia e Innovación' al servicio de la justicia". La medida ha suscitado temores de que casos sensibles queden "sepultados en prescripciones y vencimientos de términos".

Las investigaciones que podrían verse afectadas incluyen aquellas relacionadas con el escándalo de Diego Marín, alias Papá Pitufo, y las irregularidades en la campaña presidencial de Petro. Según fuentes de la Fiscalía, el caso de Papá Pitufo podría quedar estancado mientras un nuevo fiscal, en caso de ser nombrado, se familiariza con el proceso y las pruebas.

Este contexto se presenta en un momento crítico, con menos de un año restante en el mandato de Gustavo Petro. La redistribución de casos plantea serias dudas sobre la capacidad de la Fiscalía para abordar de manera efectiva los asuntos que la sociedad demanda y que requieren respuestas contundentes.