El Gobierno de Gustavo Petro ha presentado oficialmente su nueva reforma tributaria, conocida como Ley de Financiamiento, en el Congreso de Colombia. La radicación se llevó a cabo a las 10:30 de la mañana del lunes 1 de septiembre, a cargo del ministro de Hacienda, Germán Ávila. Esta propuesta busca recaudar 26,3 billones de pesos para financiar parte del presupuesto nacional de 2026, que asciende a 557 billones, la cifra más alta en la historia del país.

La presentación se realizó en medio de una sesión de las Comisiones Económicas Conjuntas, donde también se discutía el proyecto de Presupuesto. La radicación se hizo a puerta cerrada, lo que generó restricciones para la prensa. Según reportes, miembros del Pacto Histórico solicitaron a los periodistas que abandonaran el lugar. Más tarde, el Ministerio de Hacienda convocó a una rueda de prensa para detallar los aspectos de la reforma.

El Gobierno ha enfatizado que la reforma tiene un enfoque progresivo, donde quienes más tienen, pagarán más. Entre los puntos clave de la propuesta se encuentran: el fortalecimiento de los impuestos sobre la renta y el patrimonio, la no inclusión del IVA en alimentos de la canasta familiar, la revisión de beneficios tributarios para bienes y servicios consumidos por personas de altos ingresos, y un aumento en la tributación sobre el consumo de licores y tabaco. Además, se prevé un robustecimiento de los impuestos verdes y saludables, incluyendo el impuesto al carbono.

El Gobierno estima que estas medidas generarán 26,3 billones de pesos adicionales al recaudo nacional. Sin embargo, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) ha advertido que para cumplir con la meta de déficit fiscal del 6,2% del PIB, se requeriría un ajuste mucho mayor, de aproximadamente 45,4 billones de pesos, lo que podría dejar la reforma corta frente a las necesidades reales de las finanzas públicas.

El debate sobre la reforma se anticipa controvertido. Algunos congresistas, como el senador liberal Mauricio Gómez Amín, han manifestado su oposición, argumentando que el país no necesita más impuestos, sino una mejor gestión del gasto público. Las Comisiones Terceras de Senado y Cámara están divididas, lo que podría complicar el avance del proyecto.

El contexto de la reforma se enmarca en un presupuesto general que enfrenta desafíos significativos, con un ajuste fiscal necesario que ha aumentado en comparación con estimaciones anteriores. El Gobierno no ha proporcionado detalles sobre su proyección de gasto primario, lo que limita la comparación con el escenario oficial. La situación fiscal del país sigue siendo un tema crítico en la agenda política.