La asistencia del Rey Felipe VI al solemne acto de apertura del Año Judicial 2025, programado para el próximo viernes 5 de septiembre , ha quedado envuelta en una insólita controversia institucional a raíz de la situación procesal del actual fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz , que se encuentra imputado por un presunto delito de revelación de secretos .

Según informan fuentes jurídicas consultadas por El Debate , la presencia del fiscal en el acto “compromete la imagen institucional de la Corona” al verse el monarca obligado a compartir presidencia con un alto cargo cuya permanencia al frente del Ministerio Público está siendo cuestionada judicial y éticamente .

Un acto protocolario marcado por la sombra de un procesamiento

El fiscal general, que podría enfrentarse a un procesamiento formal en las próximas semanas si así lo decide el magistrado Ángel Hurtado –instructor de la causa abierta en el Tribunal Supremo –, ha optado por mantener su posición y asistir al acto institucional, a pesar de su situación judicial .

El protocolo vigente, regulado por el artículo 181 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) , establece que el Rey cede la palabra al fiscal general del Estado , quien debe presentar la Memoria Anual de la Fiscalía , exponiendo ante la más alta representación del Poder Judicial los datos sobre criminalidad, política penal y prioridades institucionales.

En esta edición, sin embargo, García Ortiz lo hará como imputado por una causa relacionada con su propio ejercicio profesional, lo que abre una paradoja jurídica y moral : informar sobre el cumplimiento de la legalidad mientras él mismo está siendo investigado por presuntamente vulnerarla .

Juristas cuestionan la idoneidad de su permanencia

Distintos expertos consultados por este medio apuntan a la posibilidad de que el Rey opte por no acudir a la ceremonia, escudándose en su papel constitucional como “árbitro y moderador del funcionamiento regular de las instituciones” (artículo 56 de la Constitución). En caso de que el máximo representante del Estado considere que la situación del fiscal compromete la imagen institucional, su ausencia podría estar justificada legal y simbólicamente .

La permanencia de García Ortiz en el cargo ha sido objeto de reiteradas críticas desde distintos sectores judiciales y políticos, tras su implicación en la divulgación de información confidencial vinculada al caso de la pareja de una ex alto cargo del Gobierno. El Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal establece la suspensión automática de cualquier fiscal procesado , pero hasta la fecha, el titular del puesto no ha dado un paso atrás ni ha sido cesado .

El Gobierno mantiene su respaldo, pese a la erosión institucional

A pesar de las advertencias y críticas, el Gobierno ha optado por respaldar a García Ortiz públicamente, evitando cualquier medida que implique su sustitución o cese. Su nombramiento fue ratificado por el Ejecutivo en dos ocasiones, y el fiscal sigue ejerciendo con normalidad , lo que para muchos representa una forma de desacato implícito a los principios de imparcialidad y ejemplaridad institucional .

El exmagistrado del Tribunal Supremo Javier Borrego ha calificado de “estridente” la actitud del fiscal general, recordando que “cualquier fiscal procesado debe quedar suspendido de sus funciones” , según lo establecido en la normativa vigente. La situación, asegura, “mina la credibilidad del sistema judicial y erosiona la confianza de la ciudadanía en las instituciones” .

Felipe VI, entre el deber constitucional y el riesgo reputacional

En caso de mantener su presencia en el acto, el Rey se verá obligado a compartir mesa con un fiscal imputado , una escena que no tiene precedentes en democracia . Según fuentes próximas a la Casa Real, no se descarta ninguna decisión hasta el último momento, y todo dependerá de la evolución procesal de García Ortiz y de la evaluación de los riesgos institucionales que implicaría su presencia.

El hecho de que la figura del fiscal general del Estado sea también miembro nato del Consejo de Estado acentúa aún más el carácter delicado de su situación actual. En este contexto, la imagen de un jefe del Estado obligado a legitimar con su presencia a un fiscal bajo sospecha judicial podría tener consecuencias duraderas para la percepción pública de la neutralidad institucional.

Una ceremonia con foco mediático y presión política

La apertura del Año Judicial es uno de los actos más simbólicos del calendario constitucional. Se celebra tradicionalmente en la sede del Tribunal Supremo , y congrega a los máximos representantes de los tres poderes del Estado. En esta edición, el acto se celebrará bajo el signo de la tensión entre legalidad, institucionalidad y reputación pública , marcado por la incómoda permanencia de un fiscal general que se enfrenta a un proceso judicial sin precedentes en el ejercicio activo del cargo.

Por el momento, ni la Fiscalía General del Estado ni el Ministerio de Justicia han emitido comentarios sobre la situación. El CGPJ tampoco ha formulado un posicionamiento oficial, aunque algunas voces internas habrían manifestado inquietud por las repercusiones institucionales del acto .

A menos de una semana del evento, el Gobierno y la Casa del Rey afrontan una disyuntiva crítica que pone en el centro del debate el estado de salud de las instituciones del Estado y la vigencia de los principios de ejemplaridad, responsabilidad y separación de poderes .