Según ha podido saber THE OBJECTIVE , el rey Felipe VI ha recibido en audiencia este miércoles al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en un acto protocolario que ha quedado marcado por la situación judicial del alto cargo. Se trata del primer fiscal general imputado de la historia democrática española, acusado de un presunto delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.

García Ortiz tiene pendiente el auto de apertura de juicio oral, por lo que se enfrenta a penas de hasta seis años de prisión. Mientras tanto, permanece en el cargo, lo que ha provocado que la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que ejerce la acusación popular, solicite su suspensión provisional para garantizar la limpieza del proceso judicial. El instructor ha dado traslado a las partes para que presenten alegaciones antes de tomar una decisión.

La situación ha generado un profundo malestar institucional, con jueces y fiscales valorando boicotear el acto de apertura del Año Judicial previsto para este viernes, que también estará presidido por el monarca. En ese acto, García Ortiz intervendrá ante los magistrados del Tribunal Supremo, algunos de los cuales han participado en la investigación que lo ha llevado al borde del juicio.

Durante su audiencia con el Rey, García Ortiz hizo entrega de la memoria anual de la Fiscalía correspondiente a 2024, en la que se detalla la actividad del Ministerio Público, la evolución de la criminalidad y las propuestas de reforma legal. Un documento que debería estar exento de polémica pero que, este año, ha quedado empañado por la sombra del procesamiento judicial que pesa sobre quien lo firma.

El cargo de fiscal general del Estado, pese a ser designado formalmente por el Rey, depende de una propuesta del Gobierno y debe contar con el aval del Consejo General del Poder Judicial y la valoración de idoneidad por parte del Congreso. La figura está concebida para representar la independencia y profesionalidad del Ministerio Fiscal en todo el territorio nacional, algo que, en esta ocasión, ha quedado gravemente cuestionado.

El acto del viernes, que abrirá oficialmente el nuevo año judicial, llega así envuelto en controversia. La presencia de García Ortiz, imputado por filtrar información confidencial en una causa que afecta directamente al entorno de una presidenta autonómica del PP, genera una tensión política e institucional sin precedentes. Todo ello frente a los máximos representantes del Estado, incluidos los propios magistrados del Supremo, que podrían juzgarle en los próximos meses.