Desde la llegada de Juanma Moreno a la Presidencia de la Junta en 2019, la política andaluza en prevención de riesgos laborales ha apostado por la visibilidad y el rigor administrativo: publicación de listados, mayor publicidad de expedientes y un notable incremento de las sanciones firmes en vía administrativa. Sin embargo, y pese al énfasis punitivo, la siniestralidad mortal no cede: las cifras más recientes muestran que multas y notoriedad no bastan para evitar que sigan produciéndose muertes en el tajo.

Los datos aportados al Parlamento autonómico por la Consejería de Empleo describen con claridad la intensidad de la acción sancionadora: de 3.153 sanciones en 2018 se pasó a 3.829 en 2019, escalando hasta 5.531 en 2023 y quedando en 5.265 en 2024. El crecimiento acumulado entre 2018 y

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