El Tribunal Administrativo del Cesar negó pretensiones por 620 mil millones de pesos por perjuicios derivados de la omisión de las entidades públicas al no actuar a tiempo para detener la explotación clandestina en un yacimiento que no cumplía con los requisitos de ley sobre el río El Copey, en el departamento del Cesar.

Los demandantes responsabilizaban de los daños ambientales a la Agencia Nacional de Minería, el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional, la Corporación Autónoma del Cesar, y el municipio de El Copey por daños ambientales en sus predios.

El fallo judicial determinó que, si bien se acreditaron afectaciones ambientales en la fuente hídrica, no se demostró un daño directo a los predios de los demandantes ni la existencia de una falla del servicio atribuible a las autorida

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