En marzo de este año, la Procuración General creó por Resolución 58/25 la Unidad Fiscal Especializada en Delitos Ambientales y Derecho Animal. El organismo está dirigido a investigar delitos vinculados con la crueldad y el maltrato animal, y el impacto ambiental en la fauna doméstica y silvestre.

La unidad propone «una respuesta más eficiente de la justicia penal en la provincia». Incluso para su funcionamiento, de acuerdo a lo que decidió en ese momento, «se destinó personal especializado y una significativa inversión en infraestructura y locación».

En aquella presentación pública, canalizada incluso por vías oficiales, quedaba afirmada la respuesta con «acciones concretas» por parte de la Procuración a «la creciente demanda social en torno a la protección ambiental y el bienestar anima

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