En una decisión de segunda instancia que pone fin al proceso disciplinario, la Procuraduría General de la Nación confirmó la sanción a Álvaro Leyva, exministro de Relaciones Exteriores.

La medida, que no admite ningún tipo de recurso, lo destituye de su cargo y lo inhabilita para ejercer funciones públicas por un período de 10 años, debido a irregularidades en la licitación para la fabricación y expedición de pasaportes.

El Ministerio Público ratificó que el entonces canciller incurrió en una falta gravísima al declarar desierto el proceso licitatorio.

Según la investigación, esta decisión careció de un fundamento legal sólido y vulneró los principios que rigen la contratación estatal, como la transparencia, la economía y la responsabilidad.

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