La entidad cuestionó la reducción del presupuesto destinado al Poder Judicial y la reciente sanción de la ley que amplía de cinco a nueve los miembros del Tribunal Superior de Justicia, lo que implica —según advirtió— un incremento de gastos sin garantizar mayor eficiencia. A estas medidas se suman los cambios en la composición y funcionamiento del Consejo de la Magistratura y del Tribunal de Enjuiciamiento.

“Estos cambios colocan al Poder Judicial en una posición de dependencia de los poderes políticos, en contradicción con los principios de independencia e inamovilidad de los magistrados, y con el derecho al debido proceso”, sostuvo la FAM. Además, remarcó que estas garantías están amparadas por la Constitución Nacional y por los Principios Básicos de la ONU sobre independencia de la ju

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