La Ley Posse Comitatus es una ley federal de casi 150 años que limita el papel del ejército de Estados Unidos en la aplicación de leyes locales. Según los expertos, refleja, en su esencia, la creencia de que la aplicación de la ley debe permanecer en manos civiles, separada del poder militar. Dicha creencia ha estado arraigada en Estados Unidos desde hace mucho tiempo.

El presidente Donald Trump ha puesto a prueba los límites de la ley en los primeros meses de su segundo mandato, al tiempo que expande la presencia del ejército estadounidense en el territorio nacional.

Esto es lo que debes saber sobre la ley.

El estatuto penal prohíbe que el ejército haga cumplir la ley nacional. También le impide investigar crímenes locales, invalidar a las fuerzas del orden locales o imponer ciertas conductas.

Existen excepciones clave. El Congreso puede votar para suspender la ley, o el presidente puede ordenar su suspensión en defensa de la Constitución. La Ley de Insurrección de 1807 permite que el mandatario despliegue tropas durante invasiones, rebeliones o cuando las autoridades locales no puedan mantener el orden.

Los miembros de la Guardia Nacional están bajo la autoridad de los estados y son comandados por los gobernadores, por lo que generalmente están exentos. Sin embargo, la Ley Posse Comitatus se aplica a las fuerzas de la Guardia Nacional cuando están “federalizadas”, lo que significa que el presidente las pone bajo su control. Eso fue lo que hizo Trump en California, a pesar de las objeciones del gobernador.

Según la Biblioteca del Congreso, el ejército puede compartir inteligencia y ciertos recursos si hay una superposición con la jurisdicción de las fuerzas del orden civiles. También hay una excepción para la Guardia Costera de Estados Unidos, que tiene algunas responsabilidades de aplicación de la ley.

La ley fue promulgada en 1878, en la era posterior a la Guerra Civil, conocida como la Reconstrucción. En ese momento, los legisladores segregacionistas no querían que el ejército estadounidense bloqueara las leyes de Jim Crow que imponían la segregación racial.

Pero el espíritu de la ley tiene raíces que se remontan hasta la Guerra de Independencia, cuando los fundadores de la nación estaban marcados por el control militar absoluto de la monarquía británica, dijo William C. Banks, profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Syracuse.

“Tenemos una tradición en Estados Unidos —que es más una norma que una ley— de que queremos que la ley sea aplicada por civiles, no por el ejército”, afirmó Banks.

Los tribunales rara vez han interpretado la Ley Posse Comitatus, y han dejado que la política del poder ejecutivo y las regulaciones militares, y no los precedentes judiciales, den forma a gran parte de su alcance.

Steve Vladeck, profesor de derecho en la Universidad de Georgetown, señala que esta falta de fallos legales hace que la ley sea inusual.

“No hay un precedente fidedigno sobre exactamente dónde están estas líneas, y por eso, a lo largo de los años, la propia interpretación del ejército ha sido tan importante”, dijo Vladeck.

Un juez federal dictaminó que el gobierno del presidente Donald Trump violó la ley federal al enviar tropas para acompañar a agentes federales en redadas de inmigración en Los Ángeles este verano. El fallo no exige el retiro de las tropas restantes.

Los abogados del gobierno argumentaron que la ley no se aplica porque las tropas protegían a los agentes federales y no hacían cumplir las leyes.

Trump también envió 800 efectivos a Washington D.C., diciendo sin fundamento que eran necesarias para reducir el crimen en la ciudad “sin ley”.

En Washington, que es un distrito federal, el presidente ya está a cargo de la Guardia Nacional y puede desplegar tropas legalmente por 30 días sin la aprobación del Congreso.

Desde entonces, Trump ha hablado de enviar a la Guardia Nacional a otras ciudades gobernadas por demócratas, como Chicago, Baltimore y Nueva York.

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Riddle es miembro del cuerpo de The Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America es un programa nacional de servicio sin fines de lucro que coloca periodistas en redacciones locales para informar sobre temas poco cubiertos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.