Este martes, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que establece el voto obligatorio, pero sin incluir sanciones económicas para quienes no voten. La iniciativa, impulsada por la diputada Joanna Pérez del partido Demócratas, buscaba modificar la ley N° 18.700 y contemplaba multas que iban de 0,5 a 3 UTM, es decir, entre $34.000 y $207.000, para los ciudadanos chilenos que no cumplieran con su deber cívico. Sin embargo, el artículo 139 bis, que establecía estas sanciones, fue rechazado por falta de quórum, ya que se necesitaban 77 votos a favor y solo se obtuvieron 75, con 47 en contra y 14 abstenciones.

La diputada Pérez criticó la falta de apoyo del Gobierno, afirmando que "hoy hemos visto que el Gobierno no cumple su palabra". Además, señaló que el debate no estaba relacionado con el voto en el extranjero, que ya fue resuelto en 2022. "Le mintieron también a la ciudadanía", agregó, refiriéndose a la falta de sanciones en el proyecto actual.

El rechazo de las multas ha dejado el carácter obligatorio del sufragio sin mecanismos punitivos en esta etapa legislativa. La discusión sobre las sanciones, sus montos y criterios continuará en el Senado, donde se podría reponer la multa. La diputada Pérez también lamentó la falta de acuerdos y acusó al Gobierno de incumplir la Constitución, que establece un mandato para el voto obligatorio.

Con el proyecto despachado al Senado, la obligación de votar, vigente desde la reforma de 2022, queda sin sanciones asociadas por el momento. La situación ha generado un intenso debate político, con el oficialismo defendiendo su postura y la oposición criticando la falta de liderazgo del Ejecutivo.