LA PAZ, Bolivia (AP) — El gobierno boliviano informó el miércoles que el exministro de Gobierno, Arturo Murillo, será deportado de Estados Unidos tras cumplir una condena por conspiración para lavar dinero en ese país en una compra de gases lacrimógenos para contrarrestar las duras protestas en 2019.

Murillo, de 61 años, fue el brazo derecho de la expresidenta interina Jeanine Áñez (2019-2020). En 2021 fue detenido en Estados Unidos por haber recibido al menos 532.000 dólares en sobornos y dos años después fue sentenciado por lavado de dinero proveniente de la corrupción a 70 meses de cárcel.

En una conferencia de prensa la canciller Celinda Sosa explicó que desde su despacho han “acompañado el proceso de deportación a fin de garantizar que el exministro pueda responder ante la justicia boliviana por las condenas y procesos en curso en territorio nacional”.

En 2019 Murillo cerró un contrato por aproximadamente 5,6 millones de dólares para proporcionar gases lacrimógenos para contrarrestar las protestas de los afines al expresidente Evo Morales (2006-2019) después de la asunción de Áñez. Las fuertes protestas dejaron 37 fallecidos entre opositores y seguidores a Morales.

Por ese contrato, en Bolivia, la justicia le hizo un juicio en ausencia en octubre de 2024 en el que fue condenado a ocho años de cárcel por negociaciones incompatibles y contratos lesivos al Estado. También tiene otra sentencia a cinco años por el ingreso irregular de armamento desde Ecuador.

El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, explicó que una vez que Murillo llegue a Santa Cruz —en el oriente de Bolivia— será detenido y trasladado a La Paz, donde se lo remitirá a un juez y se espera que sea enviado a la cárcel.

“Esperamos en este caso que la justicia dé cumplimiento a las sentencias”, afirmó.

Desde Estados Unidos una funcionaria del gobierno de Bolivia informó a The Associated Press que Murillo salió de prisión el 20 de junio y fue trasladado a un centro de detención. El exministro interpuso recursos para evitar su deportación a pesar de que tenía una orden desde junio. Finalmente un juez ordenó su expulsión a fines de julio.

Según la Fiscalía Boliviana, Murillo tiene además otros seis casos abiertos. Entre ellos el exministro es procesado por el caso de las muertes de manifestantes en Senkata, el barrio de la ciudad de El Alto, vecino a La Paz, y Sacaba, una ciudad en la región central de Cochabamba, tras la asunción de Áñez, la principal acusada.

En Sacaba se registraron 11 muertos y en Senkata otro número igual, según informó el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que calificaron esos hechos “como masacres”.

Y por una reciente decisión de dos tribunales, el caso debe ser juzgado en un juicio de responsabilidades que es un proceso reservado para los mandatarios por delitos en el ejercicio de su cargo.

La deportación de Murillo se da en un momento de cambio en la justicia boliviana que ha anunciado la revisión de los casos de presos preventivamente sin juicio. Mientras la nación andina se encamina a un cambio de gobierno después de casi 20 años de hegemonía del izquierdista partido gobernante, Movimiento Al Socialismo (MAS).