En tiempos en que la población penal aumenta fuerte y sostenidamente, resulta necesario detenerse a pensar en los efectos que el encarcelamiento de una persona conlleva para sus familiares directos.
Si respetamos el principio básico relativo a que una sanción penal jamás debe trascender más allá de la persona individual que es castigada por el Estado y, asimismo, nos preocupamos de que el encarcelamiento de una persona no implique aumentar la posibilidad de que sus familiares, en especial niños/as y adolescentes, se involucren en actividades delictivas, es perentorio que el Estado asuma un rol protector. Con esto quiero decir que, que cada vez que el Estado decida dejar tras las rejas a alguien, al mismo tiempo debe enfocar su atención - desde una perspectiva asistencial y protectora - en