Es señalada de mover en vehículos oficiales 3.000 millones de pesos, que habrían sido entregados al entonces presidente del Congreso de la República por el direccionamiento irregular de un contrato de carrotanques en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a la exconsejera para las Regiones de la Presidencia de la República, Sandra Liliana Ortiz Nova, como presunta responsable de los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias de servidor público.

Ante una juez penal especializada de Bogotá, el equipo de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia a cargo de la macroinvestigación por las irregularidades de contratación en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD),

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