En las últimas décadas, Perú ha sido testigo de una preocupante sucesión de procesos judiciales contra sus expresidentes. Desde Alberto Fujimori, condenado por violaciones a los derechos humanos, hasta Ollanta Humala, recientemente sentenciado a 15 años por lavado de activos, la lista incluye a Alejandro Toledo, extraditado y condenado por corrupción, y Pedro Pablo Kuczynski, investigado por vínculos con Odebrecht. Incluso Alan García, investigado por presuntos sobornos, se quitó la vida al momento de ser detenido. Esta cadena de escándalos ha erosionado la confianza ciudadana en las más altas esferas del poder.

Con las elecciones generales del 2026 en el horizonte, se vuelve urgente replantear los criterios de elegibilidad y fortalecer los controles previos a la postulación. La reforma p

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