Hay más dudas que certezas. El supuesto ataque de EE.UU. a una 'narcolancha' en aguas internacionales, en la que 11 civiles habrían sido asesinados sin derecho a la legítima defensa, ha dejado preguntas sin responder y señalamiento de violación de los derechos humanos y tratados internacionales. 

Luego del impacto causado por la información revelada por el presidente de EE.UU., Donald Trump, sobre haber "derribado" una embarcación que " transportaba una gran cantidad de drogas ", las autoridades estadounidenses han evitado dar información sobre los detalles de la operación, mientras que Caracas ha puesto en duda la veracidad del video que compartió el mandatario republicano en sus redes y lo tacha de "maniobra" para alentar el belicismo. 

Hasta el momento, se desconoce de dónde habría partido la pequeña embarcación usada generalmente para la pesca artesanal, quiénes habrían sido las once víctimas y cuántos kilos de drogas habría podido cargar realmente una lancha con tantos tripulantes encima. 

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Gettyimages.ru

Este operativo es el primero en dejar víctimas en momentos de tensión entre Caracas y Washington luego de que en agosto pasado se anunciara  un despliegue militar estadounidense en el Caribe sur para supuestamente enfrentar a los cárteles de la droga. 

Las dudas de Caracas

El ministro de Relaciones Interiores, Diosdado Cabello, planteó en su programa 'Con el Mazo Dando' una serie de interrogantes que dejó la acción armada estadounidense.

" No está claro, no explicaron nada ", dijo Cabello y agregó: "Además, anuncian pomposamente haber asesinado a 11 personas. Eso es muy delicado. ¿Y el derecho a la defensa?", se preguntó.

Al leer varias publicaciones de medios internacionales, el también vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz se refirió a que la acción violenta que habría acabado con la vida de un grupo de civiles podría ser una violación de los derechos humanos y una ejecución extrajudicial.

El ministro de Relaciones Interiores, Diosdado Cabello. X @dcabellor

"Comienzan a surgir las dudas, las interrogantes y todavía no aparecen las respuestas", dijo y refirió que el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, manifestó que le correspondía al Pentágono aclarar lo ocurrido, mientras que desde la sede del Departamento de Defensa se desvincularon del asunto.

Las normas internacionales que quedaron fuera

En el artículo del antropólogo y doctor en Filosofía Brian Finucane,  publicado por Just Security, se manifiesta que "cualquier uso de la fuerza por parte de EE.UU. debe cumplir también la Carta de la ONU, tanto en lo que respecta al derecho internacional como al interno", con base en lo establecido en el artículo 2 de ese documento internacional.

Finucane asegura que, aunque la Administración de Trump dijo que la masacre de 11 personas ocurrió en aguas internacionales, lo ha tratado de presentar como si fuera "contra el propio Estado" porque representaba una "amenaza", sin que se demostrara que los supuestos civiles pudieran realizar un ataque armado.

"Hasta el momento de la publicación, ningún país ha reivindicado a las 11 personas supuestamente muertas en este ataque y el Gobierno venezolano afirmó que el vídeo del incidente fue generado por inteligencia artificial", refiere Finucane.

Captura de pantalla. X @WhiteHouse

En la publicación también se expresa que un tipo de ataques como el ocurrido "puede presagiar una acción futura", como ya lo asomó el secretario de Estado, Marco Rubio, al decir que podía pasar de nuevo.

Una de las primeras condenas

Uno de los primeros en expresar su condena fue el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien compartió en su cuenta de X las imágenes de la pequeña embarcación y aseveró que, de ser cierto, era " un asesinato en cualquier parte del mundo ".

El mandatario de Colombia —país que en 2024 llegó a una cifra récord de incautación de 794,5 toneladas de cocaína— manifestó que desde hace décadas se captura a los civiles que transportan drogas " sin matarlos ".

"Los que transportan drogas no son los grandes narcos, sino los jóvenes muy pobres del Caribe y el Pacífico ", aclaró Petro, quien siempre ha defendido la política de mano dura contra los "grandes capitales" del narco, las estructuras armadas que trafican sustancias ilegales, sus exportadores y financistas. 

Su preocupación también fue expresada en otra interacción donde colgó un video sobre un proceso de interdicción marítima hecho por la Fuerza Aérea Colombiana.

"Bombardear la lancha es romper el principio universal de proporcionalidad de la fuerza y generar un asesinato", ratificó el mandatario suramericano.

Petro también colgó en sus redes un mensaje de la periodista y editora colombiana Constanza Vieira donde afirmaba que desde la isla de Providencia, situada en el Caribe, " creen que era una lancha de migrantes ". Para basar su afirmación, agregó que "nunca van 11 personas a llevar un alijo de cocaína, y menos aún en una embarcación tan pequeña, porque cada pasajero le roba peso y espacio a la 'merca'".

Las letras pequeñas de la lucha contra el terrorismo

En febrero pasado, el Departamento de Estado anunció la inclusión del Tren de Aragua (TdA) en la lista de "organizaciones terroristas extranjeras" y "terroristas globales especialmente designados", por lo que la masacre de estas supuestas 11 personas sería parte de su llamada "lucha contra el terrorismo".

Sin embargo, en un artículo publicado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el catedrático en derecho penal Kai Ambos dice que un " Estado de derecho trata con humanidad también a sus enemigos; captura terroristas y los lleva ante un tribunal ". Asimismo, se asevera que debe demostrarse la culpabilidad de las personas en un debido proceso, para que pueden ser judicializadas y condenadas, incluso a la pena de muerte, en el caso de EE.UU.


"Un homicidio sin un proceso judicial es una ejecución extrajudicial, por la cual Estados criminales son demandados frente a organismos de derechos humanos", dice el escrito.

Sobre dar muerte a supuestos terroristas, Ambos añade que "a pesar de la confusa retórica de guerra contra el terrorismo" de Washington, una "red terrorista" no reúne los requisitos para ser parte de un conflicto armado donde se permite matar con ciertas excepciones como el uso proporcional de la fuerza y la aprobación previa de la operación por parte del Estado o del Congreso.