El Gobierno ha decidido dar prioridad al proyecto de ley sobre aborto, que actualmente se encuentra en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Esta medida se toma a casi tres meses de su ingreso al Congreso y a solo dos meses y medio de las elecciones presidenciales y parlamentarias, programadas para el 16 de noviembre. La iniciativa, conocida como ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) con plazos, propone establecer un límite de 14 semanas para la interrupción voluntaria del embarazo.
En la actualidad, la ley contempla 12 semanas y 6 días en casos de violación para mujeres mayores de 14 años, y hasta 14 semanas de gestación para menores de 14 años. Las otras dos causales, que son el riesgo vital de la mujer y la inviabilidad fetal letal, no tienen un plazo específico, ya que dependen de la condición médica de cada caso. Desde la implementación de la Ley IVE en sus tres causales, se han registrado 6.249 casos de mujeres y niñas que han acudido a un centro de salud. De estas, el 85% ha optado por interrumpir su embarazo, mientras que el 15% ha decidido continuarlo.
Según cifras del Gobierno, la mayoría de los casos de IVE por violación se presentan en niñas de 13 años. En estos casos, los establecimientos de salud están obligados a denunciar el delito de violación. Aunque el Ejecutivo espera despachar la iniciativa en un plazo de 30 días, el proceso legislativo se anticipa complicado, ya que debe pasar por tres comisiones: Salud, Constitución y Hacienda, antes de llegar a la Sala.
La decisión de priorizar el proyecto ha sido bien recibida por parlamentarias del Frente Amplio, aunque enfrenta resistencia en la oposición y dentro de la Democracia Cristiana, lo que sugiere un debate polarizado. En mayo, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, defendió la medida, argumentando que "primero, para cumplir con la palabra. Eso nunca debe darse por menor. Y segundo, porque creemos que este es un debate que no puede seguir vetándose".
Al ser consultada sobre la coincidencia de la iniciativa con el periodo electoral, Orellana minimizó las críticas, afirmando que "en todo lo que va del Gobierno ha habido coyunturas electorales intensas". La ministra destacó que se ha trabajado de manera ordenada para proteger lo ya logrado con la ley de tres causales y para abrir este nuevo debate. Orellana concluyó enfatizando que "lo que esperamos es un debate razonado, porque este es un tema que se ha negado durante demasiados años".