Cuando un magistrado emérito del Tribunal Supremo del prestigio de José Antonio Martín Pallín, referente del pensamiento progresista en los tribunales, señala la conveniencia de que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, reflexione sobre su asistencia o no a la ceremonia solemne de apertura del Año Judicial, cabe anticipar que será la tensión inducida por el Gobierno la que, como telón de fondo, enrarecerá uno de los actos oficiales más representativos en una sistema democrático, el que celebra la existencia independiente de un Poder Judicial, que es garantía de la defensa de los derechos de los ciudadanos y el órgano que vela por el cumplimiento de la ley, sin excepciones. En este sentido, sería muy ingenuo atribuir a una mera coincidencia temporal la escalada gubernamental, i

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