A ocho días del desalojo de la calle República de Cuba 11, en el Centro Histórico, las familias expulsadas —que continúan viviendo a la intemperie, en camas improvisadas, bajo lonas y casas de acampar— denunciaron que las acciones fueron ilegales.

Durante una rueda de prensa, Arturo Aparicio, asesor legal de los despojados, señaló que se violó el derecho a la vivienda de 19 familias y de los propietarios de ocho locales, ya que no fueron notificados sobre la orden judicial expedida.

Según explicó, durante más de 25 años los inquilinos pagaron rentas aún después de la muerte del arrendador Adolfo Díaz Pérez de León, sucedida en 1992. Diversas personas se ostentaron como propietarios apócrifamente, hasta que en 2022 se deslindaron del papel de arrendadores.

De acuerdo con el abogado, el d

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