Elisa Carrió y diputados de la Coalición Cívica han solicitado el juicio político del juez federal Alejandro Patricio Maraniello. Esta acción se produce tras la decisión del magistrado de censurar la difusión de audios que involucran a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, en un caso de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La denuncia fue presentada ante el Consejo de la Magistratura por la diputada nacional Marcela Campagnoli y el legislador porteño Hernán Reyes, con el apoyo legal de Carrió.

La acusación contra Maraniello incluye mal desempeño y la posible comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones. En su denuncia, los legisladores piden la apertura de un procedimiento de remoción, la suspensión del juez y la formulación de la acusación correspondiente. La medida cautelar que dictó Maraniello ha sido objeto de críticas por parte de juristas, colegios de abogados y opositores, quienes consideran que prohíbe la difusión de información relevante y afecta la libertad de expresión.

Entre los argumentos presentados, Carrió y su equipo destacan que la censura previa impuesta por el juez es un ataque directo a la libertad de prensa y al derecho a la información pública. Además, se menciona una posible connivencia entre Maraniello y el secretario de Justicia de la Nación, Sebastián Amerio, lo que podría implicar un encubrimiento de procesos penales y disciplinarios en su contra.

La denuncia también señala que Maraniello es presidente de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional (AAJC), que supuestamente está involucrada en una red de tráfico de influencias. Se menciona que esta asociación tiene vínculos con empresas que son incompatibles con su función judicial, como los laboratorios HLB Pharma y Ramallo.

Por otro lado, el juez enfrenta cinco denuncias por abuso moral, sexual y violencia de género, presentadas por personal de su juzgado. Estas denuncias han llevado a su inclusión en el Registro Público de Denuncias Presentadas contra Magistrados por hechos de violencia de género.

Los denunciantes afirman que Maraniello ha violado su deber de imparcialidad y ha menoscabado la confianza pública en el sistema judicial. El Consejo de la Magistratura ahora deberá evaluar la admisibilidad de la denuncia y decidir si procede con el juicio político.