La decisión del Tribunal Constitucional (TC) de dejar en libertad a la golpista Betssy Chávez es sin duda un jalón de orejas al Ministerio Público y al Poder Judicial, especialmente al primero, por no haber hecho bien su trabajo de pedir a tiempo la ampliación de prisión preventiva de la socia de Pedro Castillo y Aníbal Torres en la aventura delictiva de cerrar el Congreso y adueñarse del sistema de justicia en ese oscuro mediodía para la democracia del 7 de diciembre de 2022.

El máximo intérprete de la Carta Magna ha indicado que Chávez estuvo injustamente detenida luego que se cumplieron los primeros 18 meses de prisión preventiva el diciembre del 2024, pues la fiscal Galinka Meza hizo el pedido de ampliación un día antes de que se venciera el primer mandato de arresto preventivo. ¿Fue

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