En plena carrera global por mejorar las tasas de liderazgo y rentabilidad en el tejido productivo, con medidas tan importantes como atraer capital y talento, España aparece rezagada en uno de los indicadores económicos clave para cualquier país desarrollado: la competitividad fiscal. La realidad es que el Estado registra una de las recaudaciones tributarias más altas de Europa, lo que provoca que las empresas critiquen que el sistema ahoga sus facturaciones, penaliza la inversión y, además, lamentan que estas fórmulas se utilizan como argumento político para sostener el Estado del bienestar.

Ante esta situación, existe un doble debate en el que, mientras el Gobierno subraya la buena marcha de la economía con ingresos récord en las arcas públicas, las compañías denuncian que están soportan

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