El caso del ex comandante de Tránsito, Vicente Robles Castañeda, ha avanzado al punto de que se sigue en la Comisión de Honor y Justicia de la Policía Municipal. Las acusaciones en su contra no son un incidente aislado, sino de una práctica señalada por los propios agentes: cobros indebidos para operar patrullas en zonas “rentables”, donde las multas se convertían en negocio personal.

Hablar de cuotas de hasta tres mil pesos por patrulla es exhibir la perversión del sistema. El poder conferido para garantizar el orden en la vía pública se transformó en un mecanismo de recaudación paralela, un mercado interno donde la autoridad se vendía al mejor postor. No sorprende que la sanción que más se mencione sea la baja deshonrosa, aunque la verdadera deshonra no es individual: es institucional.

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