La Comisión de Amnistía de México ha revelado que, entre el 31 de agosto de 2024 y el 29 de agosto de 2025, se otorgaron 479 beneficios de amnistía. De estos, 411 resultaron en liberaciones tras las revisiones judiciales pertinentes. Este balance anual fue presentado junto a la Secretaría de Gobernación (Segob) ante el Senado de la República, destacando el impacto de la Ley de Amnistía en la restitución de derechos civiles y políticos, especialmente para personas en condiciones de vulnerabilidad social o con acceso limitado a la justicia.

De las amnistías concedidas, 430 estaban relacionadas con situaciones de pobreza, que fue la principal causa para la revisión de expedientes. También se identificaron otros motivos, como discapacidad permanente (11 casos), temor fundado (siete), robo simple sin violencia (seis), discriminación (cinco), consumo de drogas (dos) y haber sido obligados por la delincuencia organizada (uno). El proceso de evaluación de cada solicitud se lleva a cabo en sesiones ordinarias y extraordinarias de la Comisión, y una vez aprobadas, los casos deben ser validados por jueces federales.

De las 479 amnistías otorgadas en el último año, 411 fueron calificadas como legales, lo que permitió la extinción de la acción penal, la eliminación de antecedentes judiciales y la restitución de derechos políticos. El resto de los casos se encuentra en diferentes fases: 45 fueron considerados no legales, nueve están pendientes de calificación, 11 quedaron sin materia y tres sin dictamen por falta de parámetros.

El informe también detalla el perfil de los beneficiarios: 319 hombres, 159 mujeres y una persona de la comunidad LGBTTTIQ+. Además, 44 beneficiarios pertenecen a pueblos y comunidades indígenas, quienes en muchos casos no tuvieron acceso a intérpretes ni defensores legales adecuados durante sus procesos. En términos de nacionalidad, 444 beneficiarios son mexicanos y 35 son extranjeros de países como Ecuador, Colombia, Guatemala, Perú, Estados Unidos, Honduras y El Salvador.

Los estados con mayor número de beneficiarios fueron Sinaloa (120), Ciudad de México (64) y Chiapas (50), lo que refleja la concentración de casos en regiones con altos niveles de vulnerabilidad social y limitaciones en el acceso a la justicia.

La Secretaría de Gobernación también destacó la implementación de apoyos para la reinserción social, que incluyen acceso a empleo, becas educativas, capacitación laboral, atención psicológica y médica, así como acompañamiento en trámites administrativos. En el ámbito electoral, el Instituto Nacional Electoral (INE) rehabilitó los derechos político-electorales de las 411 personas liberadas, permitiéndoles reincorporarse plenamente a la vida civil.

Desde la entrada en vigor de la Ley de Amnistía en 2020, la Comisión ha recibido 2,391 solicitudes, de las cuales 2,024 ya han sido analizadas. El último año se caracterizó por la cifra más baja de casos aprobados como procedentes desde la publicación de lineamientos en 2020, con solo 21 solicitudes aceptadas como viables. Sin embargo, en junio de 2025 se publicaron nuevos lineamientos para la recepción y atención de solicitudes directas, lo que podría cambiar esta tendencia en el futuro.

El informe también señala que no se han presentado solicitudes de amnistía en casos como aborto, homicidio en razón de parentesco o sedición, aunque estos supuestos están contemplados en la ley.