Tribuna Elena Ramallo Miñán
Las críticas ciudadanas no son delito de odio, son hartazgo democrático
La criminalización de la disidencia por parte de determinados medios de comunicación y dirigentes políticos promueve una peligrosa cultura de cancelación, donde cualquier opinión crítica puede ser estigmatizada como discurso de odio
En el actual contexto de polarización política y mediática en España, se ha extendido de forma preocupante la práctica de calificar como «delito de odio», «transfobia», «racismo» o «islamofobia» cualquier expresión crítica dirigida a las políticas del gobierno central o de los ejecutivos autonómicos. Esta tendencia, impulsada desde medios de comunicación —tanto públicos como privados— y por ciertos sectores ideológicos de la izquierda, constituye una grave t