Después de que la Corte Constitucional declarara ilegal la intervención del gobierno a Sanitas, el grupo Keralty —dueño de la EPS— respondió con un comunicado en el que exige el cumplimiento integral del fallo y reclama una reparación inmediata por los 17 meses que estuvo bajo control estatal.

También pidió cumplir con los pagos que aún están pendientes y frenar la campaña de desinformación que, según el grupo, persiste en su contra

¿Qué pasó? El 2 de abril de 2024, la Superintendencia ordenó la toma de posesión de los bienes de la EPS Sanitas por un año, e impuso una intervención forzosa que permitió al gobierno asumir su administración. Luego, se prorrogó la intervención por un año más.

El 26 de junio la Corte Constitucional tumbó la intervención del gobierno al considerar que la Su

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