En ejercicio de su función constitucional de vigilancia de la gestión fiscal, la Contraloría General de la República adelantó en el mes de julio de 2025 un operativo de policía judicial en la Nueva EPS con el fin de recaudar información técnica, administrativa, jurídica y financiera no disponible en los sistemas de información que administra la Superintendencia Nacional de Salud y ante la carencia de estados financieros certificados y dictaminados.

Como parte de esta actuación, se realizaron entrevistas, inspecciones, toma de evidencias físicas e imágenes forenses correspondientes a las vigencias 2022, 2023, 2024 y primer semestre de 2025.

El análisis preliminar de los datos permite a la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI), generar una alerta por las presu

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