La apertura de juicio oral decidida por el instructor de la causa contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz , no supone una sorpresa significativa tras la polémica instrucción realizada por el juez Ángel Hurtado . Un Tribunal Supremo formado por otros magistrados deberá valorar en adelante la calidad de los indicios judiciales que el instructor ha ido alineando al objetivo de sentar en el banquillo al fiscal en una medida sin precedentes . Al Tribunal Supremo le queda ahora la responsabilidad de despejar todas las dudas jurídicas y debates que el blindaje de la instrucción no ha permitido esclarecer.

Están ahí los elementos exculpatorios y declaraciones arrinconados o descartados y la cualificación del alcance del propio concepto de secreto , cuya pres

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