El Supremo juzgará en los próximos meses a Álvaro García Ortiz después de año y medio de investigaciones sin que ni los testigos ni los informes de la Guardia Civil hayan demostrado cómo llegó a los medios la confesión de Alberto González Amador

El Supremo abre juicio contra el fiscal general por la filtración de un correo de la pareja de Ayuso

El Tribunal Supremo tendrá un acusado inédito en el banquillo de la sala de lo penal: el fiscal general del Estado. La apertura de juicio oral firmada por Ángel Hurtado convierte a Álvaro García Ortiz en el primer fiscal general en enfrentarse a una acusación penal en España y lo hará por la filtración de un correo en el que la pareja de Isabel Díaz Ayuso confesaba haber defraudado 350.000 euros. Un juicio que llega después de un año de investigación en el que ni los testigos ni las pruebas han revelado quién hizo llegar esa confesión a la prensa y después de que los jueces hayan obviado que Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, fue el primero en difundir información del caso en forma de bulo para manipular a la opinión pública a favor de Alberto González Amador.

La apertura de juicio oral ha llegado cuatro días después de la apertura del año judicial en la que García Ortiz afirmó creer en “la justicia y la verdad”. Hurtado, a lo largo de 29 páginas, acusa recibo de las pegas que la Sala de Apelaciones puso a su auto de procesamiento y mantiene el relato que refleja desde hace meses en sus escritos: el correo en el que el abogado Carlos Neira reconocía que González Amador “ciertamente” había cometido dos delitos de fraude fiscal llegó a varios medios de comunicación en la noche del 13 de marzo de 2024 y la única fuente posible, según el juez, es Álvaro García Ortiz.

Son las mismas conclusiones a las que ya llegó en noviembre de 2024, poco después de enviar a la Guardia Civil a los despachos del fiscal general y la fiscal provincial de Madrid, sin suerte en el primero y con premio en el segundo. Los mensajes que pudo extraer del teléfono de Pilar Rodríguez sirvieron para dibujar el frenesí interno de la Fiscalía cuando el entorno de Isabel Díaz Ayuso empezó a difundir versiones falsas sobre el caso de su pareja. Un dibujo que da por hecho sin pruebas que el fiscal general filtró esa información a la prensa nada más conseguirla y que omite cualquier alusión al papel que jugó Miguel Ángel Rodríguez y a toda la gente que ha testificado, ante notario incluso, que tuvo acceso a esa información horas antes.

La comparación entre el auto de procesamiento previo y el definitivo de apertura de juicio oral deja ver las cicatrices causadas por la Sala de Apelaciones, que avaló el enjuiciamiento del fiscal general pero obligó a Hurtado a sacar a la fiscal Pilar Rodríguez de la nómina de acusados. Lo que para el instructor era una pieza fundamental del plan de García Ortiz para obtener la información del caso de la pareja de Ayuso se convirtió en una acusación sin pruebas para el tribunal supervisor.

Desaparece también, con poco ruido, la mención inédita de Hurtado a que el fiscal general actuó siguiendo “indicaciones” de Presidencia del Gobierno, frase celebrada en su momento por el Partido Popular para vincular a Moncloa y denunciar una “operación” contra Ayuso. Se queda, sin embargo, la afirmación de que la confesión llegó al teléfono de Pilar Sánchez Acera, entonces asesora en Moncloa, directamente desde la Fiscalía General, ya sin especificar quién pudo hacer ese envío porque no consta en la causa prueba ninguna.

Tampoco hay alusiones al voto particular de uno de los jueces del Supremo, muy poco habitual en las causas contra aforados en este tribunal, que entiende que García Ortiz ni siquiera tendría que estar imputado porque, tal y como han dicho varios testigos, esa confesión la conocía más gente antes de que llegara a sus manos.

No hay ni rastro de muchos elementos clave del caso. Hurtado no considera relevante que Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, supiera desde un día y medio antes de la filtración que González Amador tenía conversaciones con la Fiscalía. Tampoco que el objetivo declarado del fiscal general no fuera perjudicar al empresario, sino desmentir el bulo que Rodríguez había difundido con la ayuda de media docena de medios de comunicación. Ni a la contradicción que presenció la sala cuando el empresario dijo que nunca autorizó a su abogado a confesar el fraude fiscal mientras que el letrado, para sorpresa de todos los presentes en el interrogatorio, dijo que por supuesto que sí tenía el permiso de su cliente.

El juez, siguiendo su criterio de ocho meses de diligencias, tampoco considera relevante que varias personas, sobre todo periodistas, hayan reconocido que supieron de esas negociaciones o incluso el contenido concreto del acuerdo horas o días antes que el fiscal general. Ni que, tal y como ha reconocido la Fiscalía, esa confesión estuviera al alcance de más gente dentro del Ministerio Público. O que González Amador haya ocultado durante un año a los tribunales que su abogado también mandó la confesión a la Abogacía del Estado para sellar un acuerdo y evitar la cárcel.

Por el momento el juez ha optado por imponer una fianza de 150.000 euros a García Ortiz, la mitad de lo que pedía como indemnización el empresario y alegando que así queda asegurado que pueda pagar una condena, la multa y las costas. Una fianza superior a la de 120.000 euros impuesta, por ejemplo, al exministro Jorge Fernández Díaz acusado de liderar el operativo policial Kitchen para robar información a Luis Bárcenas. Muy superior a las indemnizaciones fijadas a víctimas de espionaje de José Manuel Villarejo, a razón de 5.000 euros por víctima en casos como Land, Pintor o Iron.

Una llamada perdida

El Supremo no ha puesto todavía fecha al juicio contra García Ortiz ni ha conformado todavía el tribunal de forma oficial. Los señalamientos de la Sala de lo Penal llegan, por ahora, hasta noviembre y ese es el mes que barajan distintas fuentes para el comienzo del proceso. En cuanto al tribunal, fuentes del Supremo explican que debe estar formado por los cinco magistrados que firmaron la admisión a trámite de la causa contra el fiscal general: la entonces ponente Susana Polo y, con ella, Manuel Marchena, Juan Ramón Berdugo, Carmen Lamela y Antonio del Moral. A la espera de que otros dos miembros se sumen al tribunal, excluyendo al instructor y a los tres integrantes de la Sala de Apelaciones.

Serán estos magistrados los que elaboren el calendario del juicio y también la lista de testigos que comparecerá. Además de la previsible declaración del propio González Amador, su abogado, los tres fiscales que estuvieron imputados y algunos periodistas, está por ver si la nómina de testigos llega hasta el entorno de Isabel Díaz Ayuso. Si Miguel Ángel Rodríguez, por ejemplo, tendrá que explicar qué información difundió entre decenas de periodistas, o si varios informadores podrán ratificar que tuvieron esos datos antes que el fiscal general, punto clave de la defensa de García Ortiz.

El borrado de mensajes del teléfono de García Ortiz, que el fiscal general atribuye a una medida periódica de seguridad, deja una prueba y una conclusión como grandes avales de Hurtado: que tiene una llamada perdida de un periodista esa noche y que, por tanto, solo él pudo filtrar el correo porque solo él lo tenía. Más personas que tuvieron esa información a su alcance no han sido imputadas y al menos un juez del Supremo cree que eso hubiera sido suficiente para sellar este caso con un auto de archivo, no con una apertura de juicio oral.