El juez que investiga al Gobierno de Juan Manuel Moreno por un posible delito de prevaricación en los contratos de emergencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) entre 2020 y 2024 ha citado a declarar el próximo 25 de noviembre como imputada a la actual gerente, Valle García, y a sus dos predecesores, Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas.

Pero una semana antes, el 18 de noviembre, el magistrado tomará declaración como testigo a dos altos cargos de la Junta, elevando la investigación hasta el propio Consejo de Gobierno . Se trata de la actual viceconsejera de Economía y Hacienda, Amelia Martínez, que ocupaba el puesto de interventora general de la Junta durante el periodo investigado, hasta que Moreno la fichó como número dos de Hacienda, en 2022.

Como responsable del control interno de las cuentas públicas, Martínez avaló el acuerdo de Consejo de Gobierno de 6 de octubre de 2020 que, siete meses después de la declaración oficial de la pandemia de Covid–19, retiró el control previo sobre los contratos de emergencia del SAS, ahora bajo sospecha judicial.

El juez, como antes hicieron los auditores del SAS, da una especial relevancia a aquel acuerdo, por el que “se sustituye el control previo de determinados gastos, órganos y servicios por el control financiero permanente”, y, además, “se actualiza la relación de gastos, órganos y servicios sometidos a dicho régimen de control”.

La hoy viceconsejera de Hacienda del Gobierno andaluz -que aún no está imputada por ningún delito- avaló la retirada del control previo a los contratos a dedo sin un argumento específico —ni siquiera lo relacionó con la pandemia— y se limitó a subrayar que consideraba “oportuno actualizar la relación de gastos, órganos y servicios” que cambian su sistema de fiscalización interna “de cara a una mayor agilidad y eficacia en la gestión”.

El juez ya había solicitado toda la documentación en la que se apoyó el Consejo de Gobierno para cambiar el sistema de fiscalización de los contratos de emergencia, incluida la memoria firmada por Martínez, que tan sólo exponía argumentos “de carácter general” para todos los gastos relacionados en el acuerdo, destacando la confianza de la exinterventora de la Junta en el “grado de madurez o autodisciplina de los procesos de gestión”. 

La instrucción debe aclarar, entre otras cosas, si esa relajación de los controles internos de la Junta se hizo expresamente para sistematizar durante cinco años los contratos a dedo del SAS -se investiga un posible delito de prevaricación- y si la consecuencia directa fue un posible menoscabo de fondos públicos (un delito de malversación que denuncia el PSOE, personado como acusación popular, pero que el juez aún no atribuye a ninguno de los imputados).

Miranda y la prórroga de cinco años de contratos a dedo

La otra citación judicial de peso recae en José Antonio Miranda, veterano diputado del PP andaluz y director de Gestión Económica del SAS desde el primer Gobierno de Moreno hasta el pasado marzo, cuando es destituido en plena investigación judicial (tres meses después su nombre apareció por primera vez en la instrucción del juez).

Miranda fue el responsable directo de contabilidad en la sanidad andaluza desde 2019 y quien prorrogó los contratos a dedo con clínicas privadas durante cinco años, amparándose en el marco legal habilitado durante la pandemia cuando ya estaba derogado.

También fue el encargado de justificar la contratación a dedo, sin publicidad ni concurrencia competitiva, hasta 2024, y de rebatir (sin éxito) los numerosos informes desfavorables de los interventores del SAS, que cuestionaban abiertamente la legalidad del procedimiento de pago una vez pasado lo peor de la pandemia.

Esos informes de alerta, que sacó a la luz elDiario.es en marzo de 2023 , obligaron al Gobierno de Moreno a anunciar la suspensión de los contratos de emergencia en el SAS 24 horas después, y dieron pie a la apertura de la actual investigación judicial.

Muchas de esas adjudicaciones a dedo de cuantías millonarias a empresas privadas -la investigación se centra en 243 millones en contratos sanitarios- fueron reiteradamente censuradas en sus informes por los interventores del SAS. Miranda aparece en la memoria económica de todos esos contratos con clínicas privadas -justificando las prórrogas y ampliaciones de presupuesto hasta, al menos, mayo de 2024- y aparece, también, en las alegaciones a los informes desfavorables de los interventores, que rechazan sus argumentos por considerarlos “juicios de valor”.

La última providencia del juez José Antonio Gómez Díez,  adelantada este miércoles por la Cadena Ser y a la que ha tenido acceso elDiario.es, redimensiona la investigación judicial y sitúa un calendario de declaraciones judiciales de altos cargos y ex altos cargos del Gobierno de Moreno en pleno calendario preelectoral. El magistrado también ha citado el mismo día a la ex interventora central del SAS, Blanca Pons y a su interventora adjunta, María Victoria López.

Pons y López fueron las responsables de coordinar un demoledor informe de control elaboardo por los auditores del SAS, adelantado por este periódico, y que destapó el “abuso” del sistema de contratación de emergencia en el ejercicio 2021 , con el que se adjudicaron a dedo casi 300 millones de euros a empresas privadas ese año, sin publicidad ni concurrencia competitiva ni fiscalización previa.

El órgano fiscalizador censuró al Gobierno de Moreno por el uso “indebido” de este tipo de contratos de emergencia un año después del impacto de la crisis sanitaria, remarca que tal decisión no tiene “justificación alguna” porque, en mayo de 2021, “la pandemia ya estaba muy atemperada”, y porque era más “previsible” que en 2020, por tanto, “ya deberían haberse contratado con arreglo a la tramitación ordinaria”.

Pero, sobre todo, porque a esas alturas la contratación de emergencia no tenía el mismo anclaje legal que en 2020, puesto que la legislación excepcional que habilitó el Gobierno central en lo peor de la pandemia para agilizar la respuesta de las administraciones a la crisis sanitaria había sido derogada en mayo de 2021.

El expediente del hospital militar de Sevilla

Las declaraciones ante el magistrado de la actual gerente del SAS, de la viceconsejera de Hacienda y de las interventoras que alertaron reiteradamente del uso indebido de los contratos a dedo con clínicas privadas es una bomba política en manos de la oposición de izquierdas, que ha hecho de las críticas a la gestión sanitaria la primera línea de ataque electoral contra Moreno. También está citado a declarar como testigo, junto a Miranda, el ex director de asistencia sanitaria y resultados en salud, Hipólito Luis Carlos Martínez Hervás.

El juez vuelve a pedir el expediente completo de la contratación, por la vía de emergencia, de las obras del antiguo hospital militar de Sevilla, que el Gobierno andaluz convirtió en símbolo de la “inoperancia” de los gobiernos socialistas, y que el presidente Moreno llegó a “inaugurar” hasta en cuatro ocasiones. En el cintado informe desfavorable de los interventores del SAS aparece, subrayado, un expediente de obras de emergencia que tiene especial relevancia.

El SAS utilizó un contrato de emergencia para las obras de remodelación del hospital militar (Vigil de Quiñones) -de 15,6 millones de euros, que en la liquidación final ascendió a 18,1 millones- , un aumento notable gracias, en parte, al uso de fondos europeos.

La Intervención denunció en su informe que era el contrato más “incongruente” de todos, porque la Junta lo hizo “por fases” y con un periodo de ejecución de 13 meses, lo que contradice la naturaleza misma del concepto “emergencia” y los requisitos legales para justificar una adjudicación a dedo sin publicidad ni concurrencia.

“La excepcionalidad creada en el año 2020 con la aparición de la pandemia, no era la misma en 2021, y no se justifica el empleo de este tipo de contratación, cuya larga duración [13 meses] no puede estimarse como vinculada a resolver una necesidad perentoria e inmediata, que permita prescindir de los principios esenciales de la contratación pública, al haberse convertido la situación en algo más previsible y, por tanto, no acorde con la naturaleza de la contratación de emergencia”, dice el informe.