Ante los escenarios que imponen los grandes cambios a nivel global de los que no podemos estar ajenos ni ser indiferentes, hasta hace algunos años México se había dado a la tarea de impulsar un proceso de evolución de su sistema jurídico transitando del paradigma positivista al Estado Constitucional, esto es, del Estado de Derecho o legalista al Estado de Derechos o garantista.

En este afán, y a pesar de los esfuerzos institucionales para dar marcha atrás a este proceso, con el fin de dar cumplimiento a los compromisos asumidos a través de instrumentos internacionales como la Convención sobre Derechos del Niño –suscrito desde 1990 y cuya instrumentación plena ha estado pendiente desde entonces–, se hicieron esfuerzos significativos para modernizar jurídica e institucionalmente la no

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