El Gobierno de Canarias y los cabildos de Gran Canaria y Tenerife están dispuestos a adelantar o pagar una parte proporcional de las lineas ferroviarias en las dos islas capitalinas, pero se aferran al protocolo que reconoce “el interés general” de los trenes isleños para exigir al Estado español que aporte la inversión necesaria, calculada en más de 4.000 millones de euros en un periodo de entre siete y diez años.

Las tres administraciones tienen claro que los trenes desde la capital hasta los aeropuertos y las zonas turísticas del sur son la “única alternativa” sostenible ante el aumento de la movilidad de la población y las aglomeraciones de tráfico en las carreteras, por lo que consideran que este es el momento de impulsar la construcción y reclamar al Gobierno cen

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