Las universidades nacionales de Argentina han convocado a un paro de 24 horas para este viernes 12 de septiembre, en respuesta al veto del presidente Javier Milei a la ley de financiamiento universitario. Esta medida se enmarca en una serie de protestas que incluyen una Marcha Federal Universitaria, programada para coincidir con la sesión en la Cámara de Diputados que debatirá el veto, prevista para el 17 o 24 de septiembre.

El veto presidencial ha generado un fuerte rechazo entre los gremios universitarios. La Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) advirtió: "Si hay veto, hay paro y marcha". Este gremio ha enfatizado la necesidad de recuperar salarios y aumentar el presupuesto destinado a universidades, ciencia y tecnología. Por su parte, la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) también se unió a la protesta, indicando que el paro se llevará a cabo sin concurrencia a los lugares de trabajo.

Jorge Anró, Secretario Adjunto de FATUN, expresó que "la universidad pública, con su rol fundamental de ascenso social y motor de desarrollo, se encuentra hoy en una situación crítica". Anró subrayó que los recortes no son solo ajustes contables, sino un ataque directo a la calidad de la educación y a la investigación.

La Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) también participará en el paro y en la Marcha Federal. Su Secretario General, Daniel Ricci, anunció en su cuenta de X que se realizará una gran movilización nacional cuando se trate el veto en el Congreso, exigiendo a los legisladores que insistan con la Ley.

Además, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CETERA) ha respaldado la medida de fuerza. El sindicato de trabajadores estatales (ATE) también se unirá a la marcha, denunciando que el veto afecta el acceso a la salud de la población, según Rodolfo Aguiar, representante del gremio.

El veto de Milei ha sido justificado por el Gobierno como una medida para evitar un gasto fiscal "demasiado alto" que podría comprometer el superávit. Sin embargo, Enrique Mammarella, rector de la Universidad Nacional del Litoral, criticó esta decisión, señalando que el Gobierno no prioriza la educación universitaria. "Obviamente con desilusión. Uno esperaba que se escuchara el reclamo de los universitarios", afirmó Mammarella.

Omar Larroza, rector de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), también se pronunció sobre el veto, indicando que las universidades están en alerta y preparándose para intensificar su plan de lucha. Larroza destacó que el veto no solo afecta los salarios, sino también los fondos necesarios para el funcionamiento de las universidades.

Las universidades se preparan para una lucha intensa, combinando movilizaciones en las calles con negociaciones en el Congreso, en un contexto de creciente tensión entre el sector académico y el Gobierno.