La presidenta Dina Boluarte promulgó ayer, en el último día del plazo legal, la Ley N.º 32434, conocida como la “nueva Ley Agraria”, que establece beneficios tributarios a las agroexportadoras hasta el 2035.

La norma ha sido cuestionada por la oposición en el Congreso, así como por especialistas en materia fiscal, debido a su alto costo para el Estado: más de S/20.000 millones en diez años.

Ante la Comisión de Presupuesto, el titular del Ministerio de Economía, Raúl Pérez-Reyes, defendió argumentando que la agroexportación genera empleo formal e informal con efectos multiplicadores en el consumo, lo que se traduce en más ventas y una mayor recaudación de IGV, manteniendo estables los ingresos tributarios del sector a pesar de la reducción en el Impuesto a la Renta.

Sin embargo, como bie

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