Desde el 17 de junio, cuando la Corte Constitucional decidió devolver al Congreso la reforma pensional, uno de los bastiones políticos del presidente Gustavo Petro, el estudio de la norma en el alto tribunal ha sido accidentado.

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A la semana, el Gobierno citó a sesiones extraordinarias para subsanar apresuradamente el vicio de trámite por el que la norma no pasó el filtro constitucional. La idea era que entrara en vigencia el 1 de julio, como estaba previsto. Sin embargo, en el resolutivo del auto 841 —que también tardó en expedirse— se bloqueó su ejecución hasta que, tras la revisión final, la Corte le diera el visto bueno.

La decisión con los detalles de l

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