El principal imputado, un exfuncionario del Gobierno regional durante el mandato de Miguel Ángel Revilla ( PRC - PSOE ), ha pactado con la Fiscalía una condena de 7 años y un día de prisión . Acepta, además, una multa de 963.227 euros por delitos de fraude en la contratación, cohecho, blanqueo de capitales y falsedad documental. El acusado tendrá que indemnizar al Gobierno de Cantabria con 749.648 euros .

Una trama con nombres y apellidos

El caso no termina ahí. Su esposa también ha aceptado un acuerdo con la Fiscalía: 1 año y 1 día de prisión y una sanción económica de 478.513 euros por su papel en el blanqueo del dinero procedente del fraude.

Entre los empresarios implicados figuran nombres relevantes del tejido económico cántabro:

  • Elías y Vidal Celis (Rucecan)
  • José Luis Blanco (API Movilidad)
  • José Saiz (La Encina y Cannor)

Todos ellos han pactado penas de 2 años de cárcel y han reconocido la adjudicación irregular de obras en carreteras autonómicas como los puentes de Somo y Pontejos o la pasarela de Solvay.

Un escándalo que señala a todo un Gobierno

Los hechos se remontan a los años de gobierno en coalición entre el Partido Regionalista de Cantabria (PRC) y el Partido Socialista (PSOE) , bajo la presidencia de Miguel Ángel Revilla . El exmandatario se desmarca ahora del caso, aunque los delitos ocurrieron bajo su responsabilidad política directa.

El caso se suma a otras investigaciones abiertas en la etapa de Revilla , como las compras sanitarias durante la pandemia o el uso irregular de fondos públicos en otras consejerías.

Responsabilidades y condenas

Además de las penas de cárcel, todos los condenados han sido inhabilitados para recibir subvenciones, contratar con la administración y beneficiarse de ayudas públicas durante cuatro años .

El caso deja al descubierto una red de adjudicaciones a dedo, comisiones ilegales y beneficios personales a costa del erario público. El perjuicio económico para el Gobierno de Cantabria ha sido cifrado en más de 1,6 millones de euros .

La jueza ha decretado el comiso definitivo de más de 957.000 euros en bienes del funcionario principal y su esposa. También se declara la responsabilidad subsidiaria de las empresas implicadas por la actuación de sus directivos.

Más información relacionada: