Por primera vez en la historia de Brasil, un expresidente ha sido condenado por un intento de golpe de Estado. Jair Bolsonaro, quien ocupó la presidencia de 2019 a 2022, ha recibido una sentencia de 27 años y tres meses de cárcel. La Corte Suprema lo halló culpable de conspirar contra el orden democrático tras las elecciones de 2022, donde Luiz Inácio Lula da Silva fue elegido presidente. A pesar de la condena, Bolsonaro evitará la prisión por el momento, ya que su defensa tiene la opción de apelar.

El juicio ha sido objeto de controversia, siendo calificado como una "caza de brujas" por el Gobierno de Estados Unidos. En la fase final del juicio, el juez Alexandre de Moraes afirmó que la sentencia se emitiría a pesar de las "presiones externas". Finalmente, los magistrados declararon culpable a Bolsonaro y a siete de sus antiguos colaboradores con un voto de cuatro a uno. Se les acusó de conspirar no solo para evitar que Lula asumiera el cargo, sino también de planear el asesinato del presidente y su compañero de fórmula, el vicepresidente Geraldo Alckmin.

La Corte Suprema imputó a Bolsonaro por cinco delitos: golpe de Estado, intento de abolición violenta del Estado democrático de derecho, organización criminal armada, deterioro de patrimonio protegido y daño calificado contra patrimonio público. El exmandatario fue declarado culpable de todos ellos. En julio, el general retirado Mário Fernandes confirmó la existencia de un documento titulado "Puñal verde y amarillo", que incluía planes para asesinar a Lula, Alckmin y De Moraes. Aunque Fernandes afirmó que era una "idea personal", la acusación sostiene que Bolsonaro estaba al tanto del plan y lo supervisó.

El juez De Moraes destacó que el plan estaba "ampliamente comprobado" y que había "un exceso de pruebas". Según la investigación, Fernandes imprimió el documento en noviembre en el Palacio de Planalto y luego se dirigió a la residencia oficial de Bolsonaro. El expresidente no asistió a las sesiones del juicio por motivos de salud y desde agosto se encuentra bajo arresto domiciliario con una tobillera electrónica.

Además, Bolsonaro está bajo "vigilancia permanente" por riesgo de fuga, tras encontrarse un "borrador" de una solicitud de asilo político en Argentina, lo que sus abogados niegan. Desde julio, tiene prohibido contactar con funcionarios extranjeros, usar redes sociales o acercarse a embajadas. El 8 de enero de 2023, miles de bolsonaristas intentaron asaltar las sedes del Gobierno, el Parlamento y el Tribunal Supremo, un evento que recordó el asalto al Capitolio estadounidense.