La Constitución Política de Colombia en su artículo 67, considera la educación pública como un derecho y delega su responsabilidad al Estado, la familia y la sociedad.

Por otra parte, con la promulgación de la Ley 30 de 1992, se estableció la autonomía universitaria y se concedió a las universidades la potestad para darse sus propios reglamentos, inclusive antes de esta normatividad nacional;

Con base en estos dos grandes fundamentos, la Constitución Política y la Ley 30, la Universidad de Nariño desde su autonomía y el diálogo permanente con la región, se encuentra comprometida con ofrecer programas académicos pertinentes que contribuyan a la solución de las problemáticas regionales. , considerando las condiciones de inclusión y teniendo en cuenta el sentir de las comunidades para imple

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