El Poder Judicial ha decidido suspender por 18 meses al comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Víctor Zanabria Angulo, en el marco de las investigaciones del caso conocido como "policías albañiles". Esta medida fue dictada por la jueza Janet Lastra Ramírez, del Juzgado de Investigación Preparatoria para casos de Corrupción de Funcionarios de Arequipa, tras aceptar la solicitud del fiscal provincial Arturo Marcos Valencia Paiva.

Durante este periodo, Zanabria no podrá ejercer funciones ni ocupar su cargo en la institución policial mientras continúan las diligencias fiscales y judiciales. La investigación se centra en presuntos delitos de peculado doloso, colusión agravada y abuso de autoridad. Los hechos que motivan esta acción se remontan a 2020, cuando Zanabria era jefe de la IX Macro Región Policial de Arequipa.

Según la hipótesis del Ministerio Público, seis suboficiales denunciaron que fueron obligados a realizar trabajos de albañilería, electricidad y gasfitería en instalaciones policiales, a pesar de que oficialmente estaban asignados a labores de patrullaje a pie. Las denuncias iniciales surgieron a raíz de un reportaje televisivo y fueron ampliadas posteriormente ante la Fiscalía Anticorrupción.

Entre los testimonios más relevantes se encuentra el de la mayor PNP Claudia del Castillo, quien afirmó haber recibido órdenes directas de Zanabria para solicitar personal con conocimientos técnicos en construcción, bajo el pretexto de que serían destinados a patrullaje. Del Castillo confirmó que estos efectivos terminaron realizando trabajos de albañilería dentro de recintos policiales.

Otro testimonio clave es el del maestro de obra Claver Colquehuanca, quien relató que recibió más de S/17 mil por sus servicios en la remodelación de una infraestructura policial, un monto que superaba lo acordado inicialmente. Colquehuanca declaró que Zanabria le instruyó: "Cóbralo, te haces del cobro de lo que te corresponde y el resto me lo das". Este relato refuerza la hipótesis fiscal de apropiación indebida de recursos públicos.

El Ministerio Público sostiene que los hechos evidencian un presunto desvío de fondos y un uso irregular de recursos humanos y financieros de la PNP. La suspensión dictada por el Poder Judicial busca garantizar el normal desarrollo de las investigaciones, evitando que Zanabria influya en testigos o en el curso de las diligencias.

La PNP deberá designar a un nuevo comandante general interino para asegurar la continuidad institucional durante este periodo. En julio de 2025, la PNP emitió un comunicado en defensa de Zanabria, afirmando que la construcción de una capilla en Arequipa se realizó con aportes voluntarios y sin afectar el servicio. Por su parte, Zanabria ha negado las acusaciones, insistiendo en que los trabajos realizados por los suboficiales fueron voluntarios y con fines institucionales. Sin embargo, el abogado de los denunciantes presentó documentación que contradice esta versión.